La Justicia avala que los maestros cobren las primas suprimidas por jubilación anticipada
El Gobierno Vasco suspendió en 2012 las indemnizaciones que
pagaba a los maestros de Primaria y profesores de Secundaria por
jubilarse antes de los 65 años. Si se retiraban de forma voluntaria a
los 60, por ejemplo, les abonaban cerca de 60.000 euros, que
correspondían a veinte mensualidades. Ese beneficio laboral lo habían
pactado los sindicatos con el Ejecutivo vasco y tenía el objetivo de
«rejuvenecer y dar más estabilidad a las plantillas». Sin embargo,
Educación decidió dejar de abonar esas compensaciones con el argumento
de que debía aplicar las medidas de ahorro por la crisis dictadas por el
Gobierno central. Los docentes que se jubilan anticipadamente desde
2012 ya no las cobran.
Los profesores recurrieron la decisión en los juzgados.
Todas las sentencias emitidas hasta ahora que se referían a docentes
jubilados en 2012 habían dado la razón al Gobierno Vasco. Los tribunales
entendían que era obligatoria la aplicación del decreto de ahorro del
Ejecutivo central, ya que esa norma estaba por encima de cualquier
convenio laboral. Además, la ley de presupuestos de 2012 recogía
expresamente que se anulaban las indemnizaciones por jubilaciones
anticipadas.
La situación ha cambiado con las denuncias de profesores que
se retiraron a partir de 2013. Dos sentencias de un juzgado de lo
contencioso administrativo de Bilbao, hechas públicas en febrero, dan la
razón a dos docentes que presentaron sendos recursos porque no les
abonaron esas compensaciones económicas. Las decisiones judiciales
dejan, además, la puerta abierta para que el Gobierno Vasco pague las
primas a todos los afectados que no recibieron el dinero entre 2013 y
2016.
Uno de los afectados que ha ganado su reclamación es un
docente de Secundaria que se jubiló de forma voluntaria en 2013.
Reclamaba 50.000 euros de prima. Sostenía que en 2013 hubo prórroga de
presupuestos, pero que eso no suponía mantener en vigor la suspensión de
las primas, ya que no había artículo ni cláusula alguna que lo fijara
así -en 2012 sí hubo-. La magistrada del juzgado de lo contencioso
administrativo de Bilbao le da la razón.
La jueza argumenta que «alberga serias dudas sobre la
legalidad de un acto administrativo que elimina un derecho de los
trabajadores fundamentándose en una prórroga presupuestaria, sin ninguna
manifestación de la Administración y totalmente al margen de la
negociación colectiva». Señala, además, que la eliminación de esas
indemnizaciones se produjo a través de una ley de presupuestos de
«naturaleza eventual y exclusiva de ese ejercicio» y que su sentido está
«anclado» en las «circunstancias excepcionales y muy particulares» -en
referencia a la crisis- que dieron lugar al decreto de medidas de ahorro
de Rajoy.
Decisión de Educación
Hay una segunda sentencia de la misma juez que admite otro
recurso de un maestro con los mismos argumentos. El Gobierno Vasco puede
recurrirlas, sin embargo Educación no ha valorado aún las decisiones
judiciales ni ha hecho públicos los pasos que va a dar.
El colectivo de profesores que se han jubilado de forma
anticipada y sin recibir primas han recibido estas sentencias con
satisfacción y se están movilizando ya. Los afectados han convocado
reuniones esta semana para fijar las acciones a llevar a cabo. Algunos
profesores han presentado reclamaciones de las primas ante las
delegaciones de Educación con el fin de que, si se produce la negativa
por esa vía, acudir a los juzgados. Este revés podría suponer un fuerte
desembolso para las arcas públicas. Hasta 120 millones, calculan los
sindicatos si se extienden los casos hasta 2016.
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