El Gobierno vasco
asegura haberse ahorrado nada menos que 74,3 millones de euros (más de 12.000
millones de pesetas) al no haber abonado a los 1.309 funcionarios que se han
jubilado anticipadamente de manera voluntaria entre 2012 y 2015 las «primas,
indemnizaciones o prestaciones compensatorias» que existían anteriormente en el
convenio para fomentar el relevo generacional en la Administración. Cada
empleado público, por término medio, se habría llevado un plus de alrededor de
60.000 euros merced a este programa, además de prejubilarse antes de cumplir
los 65 años.
Estos datos,
que sólo engloban al personal de Lakua, Educación y Justicia y no a la
Ertzaintza y a Osakidetza, entre otros, los aporta el consejero de
Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, en una respuesta enviada al
Parlamento Vasco a instancias del portavoz económico popular, Antón Damborenea.
El PP cuestiona sin obtener una respuesta clara, asimismo, si cuando en el
futuro se levante la «suspensión» de este programa de prejubilaciones habrá que
devolver esos 74,3 millones a quienes se podrían haber beneficiado de las
primas.
En 2011,
cuando la crisis golpeó a los presupuestos vascos con mayor intensidad, el
Gobierno entonces del PSE-EE decidió realizar «ajustes» en materia de
funcionarios. Si en 2010 se redujeron todos los salarios una media del 5%, doce
meses después, de cara al ejercicio 2012, se planteó contener el gasto de
personal reduciendo permisos y licencias, limitando los complementos en caso de
baja por enfermedad o suspendiendo estas jubilaciones anticipadas bonificadas.
Aunque algunas medidas se han ido modulando, el programa de salidas
incentivadas ha continuado en suspenso hasta la fecha y la ley de presupuestos
de 2016, vigente desde el 1 de enero, incorpora de nuevo la previsión de no
compensar los retiros anticipados. Tampoco se contempla en los presupuestos
retomar las aportaciones a planes de pensiones (EPSV), un salario diferido que
igualmente se ha dejado de abonar en los últimos años.
Muchos
sindicatos, generales y corporativos, han denunciado que la recuperación
económica no está suponiendo una reversión de los recortes anteriores. Los
funcionarios vascos, a diferencia de los del Estado, tampoco recuperarán este
año el total pendiente de la paga extraordinaria retirada con carácter general
en la Navidad de 2012. El Gobierno, en todo caso, ha destinado la mitad del
incremento presupuestario a gastos de personal.
El margen
adicional de gasto respecto a 2015, descontando el incremento del servicio de
la deuda, son 113 millones. De ellos, 60 van directamente a los bolsillos de
los alrededor de 70.000 empleados de la Administración autonómica. Se les sube
el salario un 1% (40 millones) y se reservan 20 más para abonar las
actualizaciones en antigüedades y otros conceptos. Además, se destinan otros 40
(como el año anterior) para devolver un 25% de la extra de 2012. Si se
devolviera el total de esa paga de Navidad y se recuperasen las aportaciones a
EPSV y las jubilaciones anticipadas, los números no saldrían. El Gobierno no
tendría margen para contar con un presupuesto expansivo para políticas sociales
o inversiones pese al incremento global de los ingresos y la mejora económica.
De cara al
futuro, el equipo de Erkoreka es consciente de que combatir el envejecimiento
de los funcionarios es una necesidad perentoria. La edad media entre los
trabajadores de Lakua se sitúa en los 53 años, elevadísima. En diciembre se
aprobó un plan de empleo en la Administración que «contempla una serie de
actuaciones» que afectan también a las jubilaciones anticipadas.Aunque Erkoreka
no se moja sobre si en el futuro se pagarán o no las cantidades de las que no
han disfrutado los 1.309 empleados que desde 2012 se han jubilado
voluntariamente antes de cumplir los 65 años, plantea que toda «incentivación»
de esta medida debería contar con un análisis de su «impacto económico».
También habría que prever el efecto de esa pérdida de capital humano en la
«estructura organizativa» y determinar las «ventajas y desventajas» de este
tipo de programas.
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