El Parlamento forzará a Urkullu a pagar 100 millones a los docentes prejubilados
- MAXI VEGAVitoria
El Parlamento Vasco dará hoy curso a una Proposición de Ley presentada por el Partido Popular vasco para que el Gobierno de Iñigo Urkullu pague a los profesores prejubilados
las indemnizaciones que la legislación preveía pero que fueron
suspendidas con la llegada de la crisis. Este será el primer paso para
que se haga realidad la reivindicación de más de 2.000 maestros
que se acogieron al retiro de forma anticipada con la promesa de cobrar
una indemnización compensatoria. Si se llega a hacer realidad el
proyecto legislativo, el Ejecutivo de coalición PNV-PSE tendrá que pagar
entre 80 y 100 millones de euros al colectivo afectado.
La proposición saldrá adelante con el apoyo de Elkarrekin Podemos y EH Bildu
que sumarán sus votos al grupo proponente, el PP, y la oposición de los
dos partidos que respaldan al Gobierno vasco que ya anticipó que
rechaza su tramitación porque a su juicio provocaría "un aumento exorbitado del gasto público".
Este polémico asunto se remonta a 2012
cuando el presupuesto aprobado por el Gobierno para ese año suspendió
la ejecución del artículo 68 del acuerdo regulador de las condiciones
del personal funcionario docente no universitario en lo referente a la indemnización por jubilación anticipada
que estaba vigente desde dos años antes. De esa forma, los maestros que
han decidido su retiro antes de la edad máxima, desde ese año hasta la
actualidad, se han encontrado con que el Ejecutivo no les ha pagado esa
indemnización prevista en la normativa, ya que año tras año, los
presupuestos han ido ratificando la suspensión de ese derecho.
En su proposición, el portavoz para cuestiones económicas del PP, Antón Damborenea,
explica que el acuerdo suscrito en 2010 obedecía a una cuestión de
"interés público", consistente en la "renovación y rejuvenecimiento de
las plantillas docentes", lo que suponía una "cesión" por parte del
trabajador que consentía en anticipar su jubilación, lo que le
perjudicaba económicamente, para permitir el objetivo gubernamental de
rejuvenecer la plantilla.
Damborenea indica que en 2019, con la crisis inicialmente superada y el constante aumento de la recaudación, "no hay causa que justifique el mantenimiento de la suspensión
de los derechos adquiridos". Recuerda también que el Parlamento ya
pidió en 2018 que se pagará esas indemnizaciones y que el Gobierno no ha
cumplido esa solicitud cursada por la mayoría de la Cámara. "Es preciso buscar un acuerdo,
lo contrario podría rayar el fraude de ley", argumenta el parlamentario
popular, que además insiste en que es menos comprensible cuando ese
derecho se mantiene en la UPV y en la enseñanza privada financiada por
el propio Gobierno vasco.
La proposición exige que se recupere ese derecho con efectos retroactivos al año 2011 y que el Gobierno realice el pago de lo adeudado en un máximo de tres anualidades consecutivas comenzando en el año 2020.
El colectivo de maestros afectados por el recorte está agrupado en la asociación Adoztuz que
el pasado mes de marzo presentó una reclamación colectiva en nombre de
2042 profesores jubilados de forma anticipada y que este jueves se
concentrará ante el Parlamento Vasco en Vitoria cuando se debata el
asunto.
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