El PNV cuantifica en 275 millones el pago de las indemnizaciones a los docentes prejubilados
JOSEAN IZARRA
Vitoria
El Gobierno vasco tendrá que sentarse a negociar con los representantes de los 3.000 docentes prejubilados
el pago de las indemnizaciones pendientes desde el año 2012. Unos
derechos adquiridos por los profesores que quedaron suspendidos por la
falta de recursos económicos de la administración y que la asociación
Adostuz ha reclamado durante los últimos años ante el Gobierno, el
Parlamento y los tribunales de Justicia. El PNV estima que el coste de
aplicar la norma aprobada hoy en el Parlamento con los votos de la
oposición será de 275 millones de euros.
El parlamentario del PP Anton Damborenea ha sido el encargado de defender una proposición de ley que obliga al Gobierno vasco a devolver las indemnizaciones a los docentes prejubilados. Tanto Damborenea como Jon Hernández (Elkarrekin Podemos) y Rebeka Ubera (EH Bildu) han coincidido en la defensa de este derecho de los ex profesores y han criticado la decisión del Gobierno de desoír tanto a los docentes como a iniciativas parlamentarias como la aprobada el 3 de mayo de 2018 en la que se instaba al Gobierno a negociar esta deuda con los docentes.
De hecho el portavoz socialista José Antonio Pastor ha defendido el voto en contra del PSE-EE por "lealtad" al Gobierno
pero también ha deslizado una sutil crítica al Ejecutivo vasco por no
haber aprovechado aquella oportunidad de hace un año para iniciar la
negociación. Los representantes de los profesores jubilados plantean que
la devolución de estas indemnizaciones se realice en un periodo de tres
años y en sus cálculos la deuda se sitúa entre los 80 y los 100
millones de euros.
Precisamente el coste ha sido el argumento que ha utilizado el PNV en
la explicación de su voto en contra. La parlamentaria Estíbaliz
Larrauri ha acusado a PP, EH Bildu y Elkarrekin Podemos de ponerse de
acuerdo para "poner en dificultades a la gestión presupuestaria del Gobierno".
El Parlamento forzará a Urkullu a pagar 100 millones a los docentes prejubilados
MAXI VEGA
Vitoria
Elkarrekin Podemos y EH Bildu respaldan una ley del PP que obliga a compensar indemnizaciones congeladas desde 2012
El Parlamento Vasco dará hoy curso a una Proposición de Ley presentada por el Partido Popular vasco para que el Gobierno de Iñigo Urkullu pague a los profesores prejubilados
las indemnizaciones que la legislación preveía pero que fueron
suspendidas con la llegada de la crisis. Este será el primer paso para
que se haga realidad la reivindicación de más de 2.000 maestros
que se acogieron al retiro de forma anticipada con la promesa de cobrar
una indemnización compensatoria. Si se llega a hacer realidad el
proyecto legislativo, el Ejecutivo de coalición PNV-PSE tendrá que pagar
entre 80 y 100 millones de euros al colectivo afectado.
La proposición saldrá adelante con el apoyo de Elkarrekin Podemos y EH Bildu
que sumarán sus votos al grupo proponente, el PP, y la oposición de los
dos partidos que respaldan al Gobierno vasco que ya anticipó que
rechaza su tramitación porque a su juicio provocaría "un aumento exorbitado del gasto público".
Este polémico asunto se remonta a 2012
cuando el presupuesto aprobado por el Gobierno para ese año suspendió
la ejecución del artículo 68 del acuerdo regulador de las condiciones
del personal funcionario docente no universitario en lo referente a la indemnización por jubilación anticipada
que estaba vigente desde dos años antes. De esa forma, los maestros que
han decidido su retiro antes de la edad máxima, desde ese año hasta la
actualidad, se han encontrado con que el Ejecutivo no les ha pagado esa
indemnización prevista en la normativa, ya que año tras año, los
presupuestos han ido ratificando la suspensión de ese derecho.
En su proposición, el portavoz para cuestiones económicas del PP, Antón Damborenea,
explica que el acuerdo suscrito en 2010 obedecía a una cuestión de
"interés público", consistente en la "renovación y rejuvenecimiento de
las plantillas docentes", lo que suponía una "cesión" por parte del
trabajador que consentía en anticipar su jubilación, lo que le
perjudicaba económicamente, para permitir el objetivo gubernamental de
rejuvenecer la plantilla.
Damborenea indica que en 2019, con la crisis inicialmente superada y el constante aumento de la recaudación, "no hay causa que justifique el mantenimiento de la suspensión
de los derechos adquiridos". Recuerda también que el Parlamento ya
pidió en 2018 que se pagará esas indemnizaciones y que el Gobierno no ha
cumplido esa solicitud cursada por la mayoría de la Cámara. "Es preciso buscar un acuerdo,
lo contrario podría rayar el fraude de ley", argumenta el parlamentario
popular, que además insiste en que es menos comprensible cuando ese
derecho se mantiene en la UPV y en la enseñanza privada financiada por
el propio Gobierno vasco.
La proposición exige que se recupere ese derecho con efectos retroactivos al año 2011 y que el Gobierno realice el pago de lo adeudado en un máximo de tres anualidades consecutivas comenzando en el año 2020.
El colectivo de maestros afectados por el recorte está agrupado en la asociación Adoztuz que
el pasado mes de marzo presentó una reclamación colectiva en nombre de
2042 profesores jubilados de forma anticipada y que este jueves se
concentrará ante el Parlamento Vasco en Vitoria cuando se debata el
asunto.
ADOSTUZEN SINDIKATUEKIN BATERA KOMUNIKATUA Adostuz - ek, behean sinatzen duten sindikatuekin batera, salatu nahi dit...