El Sistema de Pensiones Públicas ha generado un superávit acumulado en el periodo 1977/2017, que, alcanza, nada menos, que 843.290 millones de euros.
Esa es la consecuencia de capitalizar con el rendimiento medio de la
deuda pública de cada año, la diferencia entre las cotizaciones y los
pagos por pensiones contributivas incluidas en las Cuentas Oficiales de la Seguridad Social.
Ese es también el saldo actual de las aportaciones históricas de la
generación del baby boom, suficientes para financiar los déficits
futuros de la Seguridad Social.
Se trata de una imagen rotundamente opuesta a las tesis de su inviabilidad y
que avala la justa oposición a los recortes de la Reforma de 2013.
Significa que el legítimo derecho de los pensionistas a no ver
recortadas sus pensiones está sustentado por sus cotizaciones además de
ser de pura justicia social.
Para
entender la situación económica del Sistema de Pensiones y de las
aportaciones de la generación del “baby boom” hay que analizarlo viendo
su historia completa incorporada en el cuadro 1. En el inicio de su
plena implantación (R. D. Ley 36/1978), coincidente con la entrada al
trabajo de las generaciones del máximo número de nacimientos en nuestra
historia, años 1958 al 1978, con gran aportación de efectivos y
relativamente pocos compromisos derivados de los regímenes anteriores,
generó cada año importantísimos superávits (en torno al 15% de los
Presupuestos Generales del Estado).
En
sentido inverso, en la fase final de su ciclo de vida, cuando entre
2023 al 2045 se complete su jubilación ciertamente, se producirá el
efecto contrario acentuada por su mayor esperanza de vida y la
importante caída de la natalidad en los años 80 y 90. En este periodo se
incrementará en torno al 50% el número de pensionistas y también su
proporción con los activos, por tanto, se tienen que producir déficits
anuales, lo mismo que produjeron superávits anuales en la primera etapa.
Pero
si contemplamos el ciclo completo de vida de esta generación los
déficits futuros son totalmente financiables con los excedentes
generados entonces. Ocurre que, como el Fondo de Garantía (Hucha de
Pensiones) se creó muy tarde, en el año 2000, solo capitalizó una mínima
parte de los superávits generados, menos del 8%, agotando su saldo en
esta primera contingencia. Se olvida con ello que los superávits del
Sistema de Pensiones, fueron utilizados indiferenciadamente para
financiar los Presupuestos Generales, de modo que ahora, por pura
simetría, es lógico reclamar que sean los mismos presupuestos los que
deban aportar al Sistema de Pensiones lo que este les anticipó con sus
superávits.
Limitar el análisis a esta parte final del ciclo, desde que se inicia la crisis económica, como hacen quienes califican de insostenible el sistema, no es nada neutral, sino una forma interesada de predeterminar un resultado: la
inviabilidad de las pensiones sin los recortes de la Reforma. Por
tanto, es un planteamiento tendencioso, de medias verdades, que esconde
las mayores falsedades.
El superávit generado permitiría financiar las necesidades futuras del Sistema.
De cara al futuro, este superávit acumulado, capitalizado a un modesto tipo de interés real del 2%, estaría en condiciones de financiar los déficits anuales previstos del sistema, como mínimo, hasta 2046
(Cuadro 2), cuando el gasto en pensiones se empieza a reducir de forma
importante por el fin de las jubilaciones del “baby boom” y las
provenientes de la fuerte inmigración de los años 2000-2010, que
coinciden en el tiempo.
Las
previsiones demográficas y económicas a más largo plazo están sujetas a
tal nivel de incertidumbre, que, más que previsiones razonables, son
traslación de ideas preconcebidas y de parte. El propio presidente de la
AIREF tuvo que defender este criterio recientemente en el Congreso,
frente a las posiciones más catastrofistas.
En los cálculos se han tenido en cuenta:
La
previsión del gasto expresada en el Cuadro 2 se ha calculado,
excluyendo los recortes de la Reforma, considerando la evolución
prevista del número de pensionistas (mayores de 65/67años del INE, en
base a la población existente y su esperanza de vida) y el número de
pensiones (pensionistas con más de una pensión), así como el efecto del
mayor coste de las nuevas pensiones respecto de las que salen del
sistema (factor de sustitución).
Las
cifras resultantes son similares a las estimaciones efectuadas por la
OCDE antes de incluir los efectos de la Reforma (Pensions at a Glance
2013,).
Para
calcular los ingresos previstos, se parte de un crecimiento del PIB
real igual a la media de los últimos 40 años (datos INE), que incluye
tanto años de crisis como de expansión y un porcentaje de
cotizaciones/PIB igual a una media, con escasas oscilaciones, observada
en el periodo 2000-2016 (Presupuesto Seguridad Social 2018).
Si
cumpliendo estas exigentes condiciones, el superávit generado,
permitiría asumir los compromisos de las pensiones como mínimo hasta el
año 2046, y la aportación presupuestaria necesaria es una evidente
obligación, no hay razón alguna para justificar los recortes de las pensiones. Solo
falta arbitrar la forma en que se deba concretar esa financiación que
retorna los fondos anticipados en el comienzo del ciclo de vida de los
babyboomers: con cuotas sociales, impuestos o una mezcla de ambos.
Los compromisos presupuestarios necesarios, además de obligatorios, son posibles.
Las
previsiones expuestas de gasto en pensiones llegan al 13,5% del PIB en
el año 2047, disminuyendo desde este año. Este porcentaje está en línea o
por debajo, del de algunos de los principales países de la UE para los
años 2013/15, como Austria, Finlandia, Francia o Italia, que adelantaron
su expansión demográfica, (OCDE, Pensions at a Glance 2017 y Comisión
Europea, The Ageing Report 2015) sin que esto impidiese su desarrollo
económico, como todos sabemos.
Obviamente
el esfuerzo será importante, pero, con un nivel de recaudación fiscal 7
puntos por debajo de la media europea y un gasto publico 5,7 puntos por
debajo de la media de la Zona Euro (41,9 frente a 47,6 en 2016, según
Eurostat), no cabe duda que hay margen para incrementar los recursos y
poder asumir el gasto en pensiones sin los recortes de la Reforma de
2013.
Abordar
esta tarea implica, eso sí, un importante cambio de prioridades en
política económica, respecto a lo marcado en el Plan de Estabilidad,
enviado el pasado abril por el anterior gobierno a Bruselas, que fija el
objetivo de equilibrio presupuestario manteniendo el nivel del ingreso
público y a base de disminuir aún más el gasto público respecto al PIB
(del 41,8% de 2008 al 38,7% en 2021) lo que ensancharía la brecha con
nuestros vecinos europeos y disminuiría gravemente la capacidad del
sector público para asumir el nivel de gasto social comprometido y que
este vaya acercándose al estándar que debe ser nuestra referencia.
En conclusión,
defender la capacidad adquisitiva de los pensionistas es una obligación
esencial, forma parte de cualquier política frente a la creciente
desigualdad y, como se ha evidenciado, es un derecho avalado por sus
propias cotizaciones.
