Se suspendió por decreto en 2012, durante el Gobierno de Patxi López
El Parlamento Vasco ha instado hoy al Ejecutivo autonómico a levantar la suspensión del derecho a la prima por jubilación voluntaria de los profesores no universitarios de la enseñanza pública, aprobada por decreto por el Gabinete del socialista Patxi López en el año 2012.
La
iniciativa se recoge en una enmienda transada entre EH Bildu,
Elkarrekin Podemos y PP, que ha contado con el rechazo de los socios del
Gobierno Vasco, PNV y PSE-EE.
El debate ha llegado a la Cámara de
la mano de la coalición abertzale, grupo que ha defendido una
proposición no de ley en la que pedía la anulación del decreto de 2012,
en el que se recogían recortes en las condiciones laborales del personal
de la Administración Pública Vasca, como la suspensión de la prima por
jubilación voluntaria de los docentes entre otros.
Ya en 2012 el
Parlamento se posicionó en contra de este decreto y cinco años después
este asunto ha vuelto a la Cámara después de que en 2017 la asociación
de docentes jubilados Adostuz reclamasen la anulación del decreto en
comisión parlamentaria.
Su portavoz, Luisa Calvo,
ha lamentado que el Gobierno vasco no haya solucionado este asunto y ha
denunciado que es "falso" el argumento de que no hay dinero para pagar
esta prima porque el Ejecutivo de Iñigo Urkullu es el que "alardea de la
buena situación económica".
Así, la Cámara ha vuelto a pedir hoy
la derogación de este decreto y ha reclamado al Gobierno de PNV y PSE-EE
que levante la suspensión del derecho a la prima por jubilación
voluntaria de los docentes recogida en los presupuestos generales vascos
desde la aprobación del decreto.
A través del texto que ha salido
adelante, se emplaza también al Ejecutivo vasco a negociar con los
afectados un plan plurianual de pagos "a los que tienen derecho desde el
1 de enero de 2012 al 31 de enero de 2018".
Como consecuencia de esta negociación, la Cámara pide al Gobierno autonómico que le remita un plan de abono que se iniciaría en 2019 y concluiría a finales de 2021.
Desde EH Bildu, Rebeka Ubera
ha denunciado la "falta de previsión" del Gobierno Vasco, institución a
la que le ha reclamado que escuche a los afectados y comience una
negociación con ellos para poder llegar a un acuerdo.
En la misma línea, Jon Hernández
(Elkarrekin Podemos) ha criticado al Gobierno vasco por mantener los
recortes del decreto de 2012 y ha defendido que "no hay ninguna
justificación jurídica" para no derogar una medida que fue "coyuntural".
El popular Antón Damborenea
ha recordado que la prima por jubilación voluntaria "no es un derecho
recortado sino suspendido" y ha opinado que lo que hace falta es
voluntad política porque, a su juicio, hay disponibilidad económica para
poder hacerlo.
Por su parte, Estíbaliz Larrauri
(PNV) ha acusado a los firmantes de la enmienda de generar "falsas
expectativas" porque lo que piden, según ha recordado, sólo se puede
recoger en una ley de presupuestos posterior a un acuerdo con los
sindicatos.
Por último, el socialista José Antonio Pastor
ha mostrado la "total disposición" de su partido a solucionar esta
situación y ha subrayado que hoy se ha abierto la "oportunidad" de una
negociación.
