El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, saluda al representante de
CSIF, Miguel Borra, en presencia de los de CCOO, Francisco Fernández (a
la derecha del ministro) y UGT, Julio Lacuerda (a su izquierda). /
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y los
representantes sindicales de CSIF, CCOO y UGT firmaron este viernes el
primer acuerdo general en la función pública en los diez últimos años.
El acuerdo incluye una subida salarial para los empleados públicos de entre el 6,1% y hasta el 8,79% durante el trienio 2018-2020, en función de cómo evolucione el crecimiento económico (el PIB) y del cumplimiento del objetivo de déficit público del 2020.
Además, el pacto devuelve a las administraciones públicas la negociación colectiva siempre que cumplan las reglas de estabilidad presupuestaria. Así, las autonomías o ayuntamientos que cumplan las tres reglas de déficit, deuda y gasto tendrán capacidad para negociar la jornada semanal de 35 horas, la prestación del 100% del salario en casos de baja por enfermedad o el desarrollo de planes de igualdad. También podrán negociar constituir una bolsa de horas recuperables (equivalentes a 11 días anuales) para el cuidado de menores, mayores o discapacitados; o la posibilidad de jornada intensiva para el cuidado de hijos menores de 12 años o discapacitados.
Además, las administraciones que se ajusten a las estabilidad presupuestaria podrán aplicar una tasa de reposición del
100% de todas sus bajas más una bolsa del 8% para los sectores en los
que consideren necesario un refuerzo adicional. Por otra parte, se
refuerza el proceso de estabilización de empleo público, por la vía de
convertir interinos en fijos.
El acuerdo se incorporará al proyecto de Presupuestos del Estado para el 2018 que el Gobierno prevé aprobar el día 23 de marzo.
Un ejemplo para el sector público
El ministro de Hacienda ha destacado que es "la primera vez en la
historia española" en que los salarios de los empleados públicos van a
crecer en función del crecimiento económico. "Hay crecimiento económico y
es el momento de revertirlo hacia quienes protagonizan la prestación de
los servicios, que son los funcionarios y los trabajadores de las
empresas", ha dicho el ministro en un mensaje muy claro a los
representantes de los empresarios y de los asalariados. "El sector privado debería tomar nota de lo que estamos haciendo aquí", ha añadido.
Según el ministro, el acuerdo para la función pública debería
servir de ejemplo en la referencia salarial del PIB y en los objetivos
de creación de empleo, estabilidad de contratos y conciliación
familiar. "No hablamos de concesiones ni de privilegios,
sino de lo que le corresponde a la sociedad española en términos de
crecimiento y de recuperación de empleo", ha añadido el ministro tras la
firma del acuerdo.
Subida de hasta el 8,8%
Desde el punto de vista sindical este acuerdo supone "el inicio de
la recuperación de los derechos arrebatados a tres millones de
empleadas y empleados públicos durante la crisis", si bien mantienen su
intención de seguir exigiendo "todo lo perdido", según han venido a coincidir en
sus declaraciones los representantes de CSIF, Miguel Borra; de UGT,
Julio Lacuerda y de CCOO, Pepe Fernández, tas la firma del acuerdo.
Concretamente, el acuerdo recoge una subida salarial fija para
los funcionarios del 1,75% para 2018, del 2,25% para 2019 y del 2% para
2020, a la que se sumaría otra parte variable ligada a la evolución del
PIB.
Así, para un crecimiento del PIB que sea igual o superior al 2,5%
en 2019 y 2020, la subida sería de un 2,5% en el 2019, y un 3% en el
2020. En esos dos años, para un crecimiento inferior al crecimiento del PIB del
2,5%, el incremento disminuirá proporcionalmente a la reducción que se
haya producido sobre dicho 2,5%, según el comunicado emitido por
Hacienda. En ningún caso, aclaran fuentes del Ministerio, la subida
quedaría por debajo de los mínimos garantizados, del 2,25% y el 2% para
el 2019 y el 2020.
Por último, se añadiría un 0,55% adicional en 2020 por el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
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