EL GOBIERNO VASCO SE AHORRA 74 MILLONES DE EUROS AL NO PAGAR LAS INDEMNIZACIONES POR JUBILACION

ECONOMÍA

Cada empleado debía llevarse una media de 60.000 euros

El Gobierno vasco ahorra 74 millones de euros por no abonar las indemnizaciones por prejubilaciones a los funcionarios

Desde el año 2012, 1.300 funcionarios vascos no se han podido acoger a salidas bonificadas

Erkoreka no aclara si cuando se levante la 'suspensión' de este programa habrá de devolver a los trabajadores estas cantidades

 08/01/2016 09:01

El Gobierno vasco asegura haberse ahorrado nada menos que 74,3 millones de euros (más de 12.000 millones de pesetas) al no haber abonado a los 1.309 funcionarios que se han jubilado anticipadamente de manera voluntaria entre 2012 y 2015 las «primas, indemnizaciones o prestaciones compensatorias» que existían anteriormente en el convenio para fomentar el relevo generacional en la Administración. Cada empleado público, por término medio, se habría llevado un plus de alrededor de 60.000 euros merced a este programa, además de prejubilarse antes de cumplir los 65 años.

Estos datos, que sólo engloban al personal de Lakua, Educación y Justicia y no a la Ertzaintza y a Osakidetza, entre otros, los aporta el consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, en una respuesta enviada al Parlamento Vasco a instancias del portavoz económico popular, Antón Damborenea. El PP cuestiona sin obtener una respuesta clara, asimismo, si cuando en el futuro se levante la «suspensión» de este programa de prejubilaciones habrá que devolver esos 74,3 millones a quienes se podrían haber beneficiado de las primas.

En 2011, cuando la crisis golpeó a los presupuestos vascos con mayor intensidad, el Gobierno entonces del PSE-EE decidió realizar «ajustes» en materia de funcionarios. Si en 2010 se redujeron todos los salarios una media del 5%, doce meses después, de cara al ejercicio 2012, se planteó contener el gasto de personal reduciendo permisos y licencias, limitando los complementos en caso de baja por enfermedad o suspendiendo estas jubilaciones anticipadas bonificadas. Aunque algunas medidas se han ido modulando, el programa de salidas incentivadas ha continuado en suspenso hasta la fecha y la ley de presupuestos de 2016, vigente desde el 1 de enero, incorpora de nuevo la previsión de no compensar los retiros anticipados. Tampoco se contempla en los presupuestos retomar las aportaciones a planes de pensiones (EPSV), un salario diferido que igualmente se ha dejado de abonar en los últimos años.

Muchos sindicatos, generales y corporativos, han denunciado que la recuperación económica no está suponiendo una reversión de los recortes anteriores. Los funcionarios vascos, a diferencia de los del Estado, tampoco recuperarán este año el total pendiente de la paga extraordinaria retirada con carácter general en la Navidad de 2012. El Gobierno, en todo caso, ha destinado la mitad del incremento presupuestario a gastos de personal.

El margen adicional de gasto respecto a 2015, descontando el incremento del servicio de la deuda, son 113 millones. De ellos, 60 van directamente a los bolsillos de los alrededor de 70.000 empleados de la Administración autonómica. Se les sube el salario un 1% (40 millones) y se reservan 20 más para abonar las actualizaciones en antigüedades y otros conceptos. Además, se destinan otros 40 (como el año anterior) para devolver un 25% de la extra de 2012. Si se devolviera el total de esa paga de Navidad y se recuperasen las aportaciones a EPSV y las jubilaciones anticipadas, los números no saldrían. El Gobierno no tendría margen para contar con un presupuesto expansivo para políticas sociales o inversiones pese al incremento global de los ingresos y la mejora económica.

De cara al futuro, el equipo de Erkoreka es consciente de que combatir el envejecimiento de los funcionarios es una necesidad perentoria. La edad media entre los trabajadores de Lakua se sitúa en los 53 años, elevadísima. En diciembre se aprobó un plan de empleo en la Administración que «contempla una serie de actuaciones» que afectan también a las jubilaciones anticipadas.Aunque Erkoreka no se moja sobre si en el futuro se pagarán o no las cantidades de las que no han disfrutado los 1.309 empleados que desde 2012 se han jubilado voluntariamente antes de cumplir los 65 años, plantea que toda «incentivación» de esta medida debería contar con un análisis de su «impacto económico». También habría que prever el efecto de esa pérdida de capital humano en la «estructura organizativa» y determinar las «ventajas y desventajas» de este tipo de programas.